Durante el ejercicio financiero de 2012, el déficit del gobierno
central fue de RD$153,803.2 millones, equivalente a un 6.6%
del Producto Interno Bruto (PIB), según un informe preliminar de la economía
dominicana, dado a conocer ayer por el Banco Central.
Los datos preliminares
establecen también que la economía dominicana, medida a través del PIB en
términos reales, experimentó un crecimiento de 3.9%, impulsado por el desempeño
positivo mostrado por la mayoría de las actividades económicas que lo conforman.
Dentro de las actividades
que aumentaron su valor agregado, se destacan: Elaboración de bebidas y productos de tabaco (9.3%), energía
y agua (7.3%), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (7.3%),
elaboración de azúcar (5.1%), agropecuario (4.1%) y comercio (4.0%), entre
otras.
El informe destaca que al
considerar el conjunto del Sector Público No Financiero (SPNF), el déficit
asciende a 6.8% del PIB. Este resultado se obtuvo por una combinación de
ingresos recaudados por debajo de lo estimado, e incremento del gasto público por
encima de lo presupuestado.
Según el BC, las recaudaciones del año cerraron en
RD$29,200 millones por debajo de lo estimado. “Esta situación se verificó a
pesar de que, durante el año, el Gobierno obtuvo ingresos extraordinarios por
un monto de RD$13,446.2 millones, en su mayoría provenientes de impuestos a las
ganancias de capital cobrados por la venta de acciones de la Cervecería
Nacional Dominicana y de Chevron, mientras RD$1,212.9 millones resultaron de auditorías
relacionadas con precios de transferencias”, indica en dicho informe.
Destaca que la expansión
del gasto en 2012 estuvo condicionada a diversos factores, tanto del ámbito
externo como del interno. Un primer factor fue el incremento de las
transferencias al sector eléctrico, por precios internacionales elevados del
petróleo.
Según el informe, esta
situación provocó que se otorgaran a la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estales (CDEEE) US$500 millones adicionales en el presupuesto
suplementario aprobado en julio. Reconoce, además, a nivel interno, la
aceleración del gasto público por al estímulo asociado al ciclo electoral,
incrementándose de forma significativa el gasto de capital y, en particular, en
construcción dentro de la inversión fija.
